• Ante Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa

• Los agremiados son del criterio de que Ana Lorena Brenes Esquivel no ha cumplido en su labor de velar por los intereses del país

Ana Lorena Brenes ocupa el puesto de procuradora general desde el 2004.

En su oposición, Undeca representado en su secretario general Luis Chavarría y su secretaria general adjunta Martha Rodríguez, es del criterio que Brenes no ha cumplido en su labor de velar por los intereses del país, y para ello, argumentan su reprobación, por el papel asumido por la órgano técnico en materia de Crucitas.

Entre los reclamos efectuados por Undeca está el hecho que la Procuraduría General de la República (PGR) se opuso, en su momento, contra las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Contencioso Administrativo, en el que se procedió a paralizar las operaciones del proyecto minero Crucitas, al tiempo que el órgano técnico impugnó la resolución que dictó las medidas cautelares.

“Resulta totalmente inconcebible que un órgano del Estado, que le corresponde velar por la satisfacción del interés público,  se  haya aferrado a una posición que está muy lejos de preservar el patrimonio nacional y  los recursos naturales, cuya posición -objetiva y materialmente-  solo ha   favorecido los intereses espurios de una compañía  extranjera y que por dicha, aun contra la  desafortunada  posición de la Procuraduría General de la República, el Tribunal  de Apelaciones confirmó, en definitiva, las medidas cautelares”, señala la objeción presentada por Undeca.

Añade el documento que “la Procuraduría en lugar de interesarse en que se respete el artículo 50 constitucional, que es un deber que le impone la ley,  por contrario, se ha dedicado al oficio de  defender un proyecto de explotación minera, a cielo abierto,  que tendría irreparables repercusiones, que trastornaría el equilibrio del  ambiente y causaría la devastación de una amplia extensión del territorio nacional.

“Para cualquier ciudadano costarricense resulta irritante  observar que los abogados del Estado,  cuyos servicios  profesionales  se remuneran con los impuestos de los contribuyentes costarricenses, compartan la misma bancada con los abogados  particulares de la minera, que defienden los intereses privados de la compañía que representan”, agrega el documento.

La presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, solicitó la ratificación de Brenes Esquivel en el cargo que ostenta desde el 2004, petición que ha sido valorada y aprobada por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y que sólo se espera que el asunto pase para la aprobación respectiva del plenario legislativo.