George Miley, presidente del consejo de la Sutel, invitó a viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega, a dar una serie de aclaraciones.

La petición de la Sutel radica en dos publicaciones realizadas en La Gaceta por el viceministerio  de Telecomunicaciones, el lunes y martes pasados, en los que da a conocer los proyectos de decretos ejecutivos titulados “Lineamientos generales sobre tarifas diferencias para los servicios” y “Reglamento de Portabilidad Numérica”, aspectos que, a criterio de Miley son de competencia de la Superintendencia.

“Es alarmante que el Poder Ejecutivo como rector del sector de telecomunicaciones desconozca las competencias de Sutel como el regulador del sector, y se arroje atribuciones y funciones que en virtud de ley no le competen”, mencionó Miley en un comunicado de prensa.

Según se desprende del documento de la Superintendencia “en materias de competencia de Sutel el Poder Ejecutivo no tiene potestad reglamentaria. El contenido de los proyectos de decretos ejecutivos (directriz y reglamento) corresponden a materias de Sutel y que incluso han sido sometidas a reglamentación de la junta directiva de la Aresep, según el artículo 77 de la Ley 8642, en cuanto fijación de tarifas, y sobre derechos de los usuarios. De acuerdo con un pronunciamiento de la Procuraduría General, la junta directiva de la Aresep es la que tiene la potestad para aprobar estos reglamentos técnicos”.

Para la Sutel, las atribuciones del ministro rector se limitan a a la definición y conducción de estrategias y las políticas del sector y su cumplimiento.

Para ello, la Sutel se acuerpa en lo contemplado en el artículo 73 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Públicas del Sector Telecomunicaciones que  entre otros señala que a esa instancia le corresponde “establecer los estándares mínimos de calidad de las redes públicas y los servicios de telecomunicaciones disponibles al público y fiscalizar su cumplimiento, así como “fijar las tarifas de telecomunicaciones, de conformidad con lo que dicte la ley.