Modernizar las normas y asegurar la continuidad del agua es la idea de varias organizaciones a través de la Ley de Aguas; la actual es de 1942.

La Oficina de Iniciativa Popular sirvió de plataforma para que varias organizaciones interesadas y comprometidas con la protección del agua como recurso natural se unieran con el fin de presentar un proyecto que los diputados no podrían aprobar después de dos años de tramitación.

Más de 150 mil firmas recolectadas a lo largo del país sirvieron para que dicha oficina de la Asamblea Legislativa acogiera el proyecto y lo ponga en conocimiento de los diputados, quienes aún no resuelven el primer proyecto presentado por dicha vía, relacionado con las áreas silvestres protegidas.

Derecho humano

Dicha ley, tal como fue planteada en el texto de la iniciativa, buscará declarar el agua como un derecho humano, al tiempo que asegura que se considere un bien de dominio público. En este sentido, se prohibiría la privatización del servicio público de abastecimiento del agua potable y se establece la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la gestión de dicho recurso.

Dentro del proyecto de Ley de Aguas, también se plantea que se dé la protección de los ecosistemas que sea urgente y necesario poner bajo el cuidado del Estado para que se asegure la existencia del agua en la cantidad y calidad que se proyecte para el futuro.

Precisamente dentro del proceso de modernización de la ley de 1942, se buscará la actualización de la gestión institucional del recurso hídrico, así como el establecimiento de la garantía de que toda decisión vinculada al agua haya sido planificada y también que pase por el tamiz de la información técnica.

Descoordinados

De acuerdo con varios especialistas, la regulación del recurso hídrico actualmente está sujeta a más de 100 normas que más bien conllevan a una descoordinación entre instituciones, al tiempo que el consumo lejos de disminuir, tiende a ser cada vez mayor, aunque se encuentre en un serio peligro por las condiciones globales del ambiente.

Yamileth Astorga, coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica (Pro GAI), explicó que caminan de la mano el desarrollo socioeconómico y el equilibrio con el ambiente, por lo cual se da prioridad al uso de agua en cuanto a acceso y consumo.

“El país tendrá que invertir menos en salud, y al conservar los ecosistemas, nos aseguramos salud pública pero también cualquier otro uso”, explicó. De parte del Centro para el Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), Rolando Castro, su director, explicó que hay un desorden legal e institucional, que presenta la gestión del agua como un problema.

Mejor gestión del recurso hídrico

Declara el agua como derecho humano.

Que siga como bien de dominio público.

Prohíbe privatización del servicio público de abastecimiento.

Posibilita la participación ciudadana en gestión del agua.

Protege ecosistemas con el fin de asegurar la continuidad del recurso.

Moderniza la gestión institucional del agua, para evitar trabas y malos manejos.

Garantiza decisiones planificadas y mejora la información técnica.