Honduras, una nación de extrema pobreza, altamente endeudada, según la calificación que hace unos años se le diera, agregando a eso que hoy está… altamente herida.

Una nación víctima de la injusticia social, las maras juveniles y las maras políticas…

Una nación más, víctima de uno de los males que ha asolado a América Latina: el  militarismo.

Los militares latinoamericanos, desde los albores del siglo XX, lo único que han demostrado es que no sirven ni para el arte de la guerra, ni para el arte de gobernar.

Sin embargo, en esta crisis por la que pasa Honduras, a los militares hondureños los han igualado en desfachatez, estupidez y falta de conciencia, una gran cantidad de los políticos hondureños y algunos sectores poderosos de la sociedad civil.

No escribimos esto para defender el gobierno que Manuel Zelaya ha venido haciendo, lleno de poses populistas, ocurrencias ideológicas trasnochadas y decisiones que le han colocado, sin ayuda de nadie, al borde de la ilegalidad.

A decir verdad, Zelaya no es el único gobernante que ha venido manejando las diferentes situaciones de su país, al punto de crear situaciones conflictivas.

Escribimos esto, porque a pesar de todo, tenemos confianza en el diálogo y en los valores y principios que fija una Constitución y el modelo democrático.

Escribimos esto, porque el pueblo hondureño se merece una oportunidad de seguir viviendo en  una democracia, que es la única forma en que puede ir desarrollando algo mejor que lo que ha venido teniendo.

Escribimos esto, porque las instituciones democráticas merecen respeto, porque no es posible que sigamos en el siglo XXI con la tesis de que unos pocos, porque tienen el dinero o las armas, o ambas cosas, quieren ser la conciencia del pueblo.

La democracia no será el más perfecto modo de gobernar pero es el menos malo, es el que nos permite ir corrigiendo los errores. En una democracia el pueblo y solo el pueblo, tiene derecho a equivocarse y a corregir.

La burda y absurda sesión del Poder Legislativo de Honduras, donde cualquier  justificativo fue usado para torcer la ley e improvisar un remedo de legalidad, ante la vista y paciencia del Poder Judicial, han complicado de manera exponencial una crisis  que al principio se creía que era solo obra de los militares y algunos sectores civiles.

Pero el problema es mucho más complejo, ya que estamos ante una absoluta falta de gobernabilidad, de los tres Poderes  del Estado,  Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el primero fue descabezado, el Presidente, democrática y constitucionalmente elegido, fue detenido, secuestrado y expulsado del país, sin permitirle siquiera cambiarse de ropa.

Los otros dos Poderes han violentado la Constitución, fueron a golpear las puertas de los cuarteles, le negaron al pueblo su derecho a informarse, cortaron el fluido eléctrico e impidieron que radios y televisoras informaran lo que ocurría, violaron y violan derechos políticos y derechos humanos con absoluta desfachatez.

Más allá de la consulta o encuesta, como la terminó denominando el Presidente Zelaya, que pretendía efectuar el domingo pasado, caso en el que además nunca se conoció una sentencia firme, así como tampoco se supo de un procedimiento lógico para resolver la cuestión, nunca serán las fuerzas armadas las encargadas de detener y expulsar a un Presidente.

Una supuesta falta a la legalidad no es justificativa para que se cometa otra ilegalidad, por lo demás totalmente desproporcionada en sus actos y efectos.

No importa como y cuando se juramenten, ni las razones que esgriman, se está instaurando una dictadura en Honduras.

Y no existe opción alguna entre Dictadura y Democracia.

La OEA, el SICA y otros organismos regionales, así como las Naciones Unidas, están ante un panorama similar al de Haití, cuando se produjo la crisis que colocó a Aristide fuera de su país, hasta que por la vía de la intervención se le restituyó en su cargo.

Los países de la región y la comunidad internacional toda, no pueden aceptar esta situación, ni reconocer el gobierno que se intenta establecer en Honduras, hacerlo significa legalizar, a futuro, cualquier levantamiento militar o golpe que se quiera dar contra un gobierno democráticamente elegido.

Es decir que aquí, lo que está en juego, es mucho más que la Presidencia de Manuel Zelaya, está en juego el modelo de gobierno propio de un Estado Moderno, el democrático.

También, que en verdad nos preocupa, se abrió una legitima oportunidad para que los grupos que siguen a  Zelaya y aún los que no los siguen, pero respetan la democracia y la Constitución, tomen las armas y las usen, con toda la gravedad que eso implica, ya que el derecho de rebelión de un pueblo al que se le conculcan los derechos, y se le quiere imponer una tiranía disfrazada de legalidad, es irrenunciable.

Nada sería más doloroso que se derramara sangre del pueblo hondureño, incluyendo la de los simples soldados, muchachos, adolescentes aún, gente humilde, que reciben órdenes de la cúpula militar.

Hacemos votos para que no sea necesario que se cumpla la sentencia que decía que el árbol de la libertad debía, a veces, ser regado con la sangre de  tiranos y patriotas…

Y llamamos a la reflexión a todos los gobiernos de la región, para que pongan las barbas en remojo, ganar una elección tampoco es carta blanca para hacer lo que venga en gana,

El respeto a la división de poderes,  a las minorías y a las libertades públicas configuran un estado democrático, menos que eso es inaceptable.

Los Presidentes y Cancilleres se reúnen en diferentes foros, las frases de solidaridad  y las posiciones demagógicas ya tuvieron su momento, ahora es el de las decisiones, la celeridad es vital pues las presiones son muchas y fuertes, los intereses particulares de algunos grupos o de algunos líderes, pueden empujar a situaciones extremas.

La OEA, por ejemplo, tiene una oportunidad de oro para justificar su existencia.

El margen de negociación es cerrado, lo sabemos, pues la solución es la vuelta a la Presidencia de Manuel Zelaya.

Nos guste o no, por malo que sea un gobierno, por más errores que se cometan, el pueblo y solo el pueblo debe quitar y poner mandatarios, a solo cinco meses de nuevas elecciones y a siete meses del cambio de gobierno, es todavía más absurdo un rompimiento del orden constitucional en Honduras, máxime que Zelaya, por más ambiciones públicas o privadas que tuviera de mantenerse en el Poder, ni mandaba en el Poder Legislativo ni en el Poder Judicial. Además no tenía tiempo material de reformar la Constitución  para poder ser reelegido.

Lo dijimos antes y lo repetimos al cerrar estas palabras, por débil, complicada e incluso ineficiente que pueda ser, no hay opción entre Dictadura y Democracia.