Editorial

La Contraloría General de la República acaba de emitir un amplio informe que destaca los serios problemas de una buena cantidad de puentes en la red vial nacional.

Es un tema recurrente desde hace varios años, y está a la vista de todos. Por ello, el informe de la Contraloría no puede dejar de llamar la atención.

Desde hace varios años el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no realiza trabajos de mantenimiento en los puentes de este país, pese a que son parte integral de la red vial.

En cambio, se ha seguido explotando la tesis de que Costa Rica tiene la más extensa red de carreteras y caminos de la región, como si el compararse con los que están peor implica alguna solución a los enormes problemas que hoy enfrentamos en esta materia.

Y en la Contraloría, hasta ahora le ponen atención al asunto, después de que el país ha debido soportar la muerte de varias personas por la caída de un bus en un río. Pero también, después de que la famosa platina del puente sobre el río Virilla, en la Autopista General Cañas pusiera al país en lugar destacado entre los mayores ridículos del mundo, por los extensos embotellamientos que se formaron y se siguen formando en esa ruta.

A esos dos casos extremos hay que sumar los de cientos de puentes puestos en entredicho por especialistas del principal laboratorio que hay en el país, desde hace muchos años, como lo es Lanname. Se ha dicho una y otra vez, con argumentos técnicos de toda índole, que la falta de mantenimiento, aunado a que la mayoría de los puentes tienen ya más de 20 años de haber sido puestos en funcionamiento.

El informe llega cuando ya las autoridades del MOPT se han comprometido a destinar parte del financiamiento internacional para proyectos de infraestructura vial a la corrección de deficiencias en los puentes. Por ello, no supone una llamada de atención oportuna al Gobierno en relación con el tema.

Y allí es donde de repente el trabajo de la Contraloría deja dudas. Porque si los señalamientos deben esperar a que haya muertes, el ejercicio comienza a perder sentido.

Está claro que la seriedad con la que deben actuar los funcionarios de la Contraloría obliga a que sean metódicos en sus evaluaciones. Pero esto no es sinónimo lentitud, y no debe verse de esa manera.

Entonces, cuando los señalamientos llegan a destiempo, no cabe otra que apuntarlo de esa manera.

Los problemas está allí, pero las autoridades no se ocupan de ellos. Pareciera, como ya apuntaba LA PRENSA LIBRE hace algunas semanas, que el objetivo de quienes están al frente de las instituciones públicas se resume tan solo a administrar los problemas, en lugar de aportar a las soluciones.

Es una forma extraña de ver el trabajo de Gobierno. Y lo es más aún cuando desde algunas instituciones públicas se pierde el concepto, y se termina por asumir que no se es parte del Gobierno. Es cuando se piensa que la responsabilidad es solo de otros.

Este país tiene muchos retos por delante. Y uno de ellos pasa por que todas las instituciones públicas, en las cuáles se va tan alto porcentaje del presupuesto nacional, cumplan con los objetivos definidos en las leyes, y lo hagan de manera oportuna.

Esto implica que en el tema que nos ocupa, tanta responsabilidad tiene el MOPT como la Contraloría. El primer ente, por no poner entre sus prioridades rutinarias la supervisión y el mantenimiento de los puentes, como si esas estructuras debieran rendir por el resto de los tiempos. El segundo ente, a su vez, tiene la responsabilidad de vigilar el nivel de cumplimiento de los objetivos por parte de la primera, entre muchas otras instituciones públicas, cierto. Pero aquí no puede usarse el argumento de la incapacidad material para cumplir. Porque eso sería como decir que la Contraloría simplemente está pintada en la pared, y eso pondría en entredicho todo el sistema de controles que soporta el Estado costarricense.