Editorial

Por alguna razón, en este país las calles terminan destrozadas después de cualquier aguacero. Los problemas suelen presentarse en aquellos puntos de las carreteras que fueron sometidas a bacheos, lo cual obviamente denota una deficiencia en la calidad de las obras.

No es razonable asumir que se trata de una situación normal aquella en que las aguas simplemente corren debajo del asfalto y se lo llevan como si se tratara de hojas secas.

Y pasa en todos los cantones del país donde se han realizado trabajos de mantenimiento contratados por las municipalidades, pero también en las carreteras nacionales, cuya responsabilidad es del Consejo Nacional de Vialidad.

En otros países, sin embargo, la situación es diferente. De hecho, por ejemplo, en muchas comunidades de Estados Unidos, ni siquiera se construyen obras de cordón y caño, y cuando llueve el agua circula como si nada, sin causar este nivel de destrozos.

Es un tema al que las autoridades le deben poner atención inmediata, porque tiene un costo muy alto para el país. Más aún cuando gracias a los fuertes daños en las vías, los propietarios de vehículos deben sortear todo tipo de inconvenientes.

Es, incluso, una especie de contrasentido el que el Gobierno haya forzado la puesta en marcha de un esquema de revisión técnica vehicular bajo el argumento de vigilar que los vehículos que transiten en las vías nacionales, estén en buenas condiciones.

El problema es que con enormes huecos en las calles, es muy difícil que los dueños de vehículos puedan garantizar las condiciones de estos. Y puede llegarse a extremos en los cuáles un carro que recién ha pasado la revisión técnica, sufra un daño de serias consecuencias, que comprometa la seguridad tanto de quien lo utilice como de los peatones.

Ya varias veces se ha puesto este tema sobre el tapete, y suelen aparecer argumentos de esos banales para no prestarle atención. Pero los niveles de inversión que se hacen en el país en la manutención de los vehículos establecen la urgencia de cambiar el rumbo.

Es cierto que muchos conductores de este país tienen prácticas de manejo inconvenientes, que pueden afectar el rendimiento de sus vehículos. Incluso, es cierto que la flotilla vehicular se compone de un buen porcentaje de autos usados que no necesariamente llegan al país en las mejores condiciones.

Pero, más allá de esas cuestiones, si las carreteras no están en buen estado, nadie puede fiarse, ni siquiera de la revisión técnica, muy a pesar de que eventualmente los problemas reportados aparezcan de momento en la clasificación de deficiencias leves.

Si ya desde hace ocho años se ha sometido a los propietarios de vehículos a una rigurosa inspección, pero esta no ha sido acompaña de las acciones indispensables en materia de infraestructura, se pierde el concepto de integralidad que debe marcar la labor del Estado.

Y no se trata aquí de atacar la revisión técnica, cuando a lo sumo el problema que este tenga sea el monopolio a favor de Riteve. Está claro que algunos conductores solo por la vía de la fuerza asumen su responsabilidad. Pero el Estado no puede dejar de hacer su parte.  Es cierto que recientemente se puso en marcha un plan de mantenimiento en varias rutas del país, pero pareciera que ese esfuerzo no basta y tampoco es el correcto.

De hecho, recurrentemente se hace. Pero no se aprecia una sostenibilidad en las obras ejecutadas, de manera que donde hoy se hace un bacheo, mañana cualquier conductor se encuentra un nuevo hueco.

Este no es un asunto intrascendente, como se suele observar en los círculos oficiales. El buen estado de las carreteras supone ahorros importantísimos para el país; ahorros que comienzan por los bolsillos de cada uno de los propietarios de vehículos, incluyendo por supuesto, al sector productivo.