El  Primer Caballero de la República ha asumido públicamente su cátedra de política criminal en Costa Rica. La designación es obvia. Su misión es indudable. Es el gurú del principal tema de campaña del actual gobierno. Cuatro artículos publicados en  Llorente,  dejan plasmados los parámetros y principios de la gran paella politiquera que acrecentará el caos criminal, la alcahuetería punitiva y la cruel victimización. No faltará el azafrán de la impunidad y por supuesto, unas cuantas rodajas del chorizo de las consultorías.

Por hoy, comentaré un chiste y una trampa de las notas del profesor jubilado de criminología.

El chiste: Afirma que “las administraciones que han gobernado el país en los 15 últimos años, ni han logrado un impacto significativo sobre la delincuencia, ni han podido garantizar la integralidad del enfoque y la continuidad de los programas elaborados y aplicados”.   Pero no menciona a quién durante los últimos tres quinquenios -con un breve lapso de consultora- ocupó un viceministerio, dos ministerios, una curul y una vicepresidencia y lo único que hizo fue: acicalar la escuela de policía, impulsar un proyecto de Código Penal contrario de los derechos de las víctimas (que aún flota en Cuesta de Moras), e instalar un aparato para impedir las llamadas de algunos teléfonos celulares en La Reforma.

Es ridículo señalar la innegable incapacidad de nuestros políticos, mientras borra de esa lista a una de las principales responsables, que ha desperdiciado tantos años y tantas oportunidades para plantear un enfoque y un programa de política criminal “capaz de lograr un impacto significativo sobre la delincuencia”.

La trampa: Sostiene el profesor de Criminología que “en Costa Rica el tema de la impunidad, salvo honrosas excepciones, no está correctamente planteado. Por ejemplo las encuestas de opinión destacan regularmente la percepción generalizada de los ciudadanos según la intervención del sistema penal se caracteriza por la inacción, la ineficiencia…”. Agrega que “En un Estado de Derecho no se puede considerar como impunidad una decisión judicial que absuelve al acusado…”  Al final y antes de cerrar con el plan de gobierno 2010-2014,  transcribe los datos de Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial (2008-2009), “donde se atendieron 874 casos”, 32,4% con sentencia condenatoria y 5.6% con absolutoria.

Las falacias y los recovecos son asombrosos y politiqueros. La opinión de los costarricenses -1 de cada 3 ha sido atacado por el hampa- no le importa. De 1998 a 2009, el 90.5% de las denuncias planteadas no recibió respuesta judicial y sólo en el 5.5% hubo sentencia (3% condenas y 2.5% absolutorias) ¿en qué se basa para sostener que el sistema es activo y eficiente?  Cuando casi la mitad de los casos que llegan a juicio son absueltos, es claro que algo muy grave está pasando y que indudablemente muchos culpables no asumen las consecuencias. La pequeña cifra de procesos de flagrancia, representa menos de un medio por ciento del total de las denuncias recibidas en ese período, pero ¿qué pasó con el 62% de los casos?

¡Un ábaco!... ¡Un ábaco para el primer caballero! Así podrá contar las víctimas del hampa y quizá logre entender la magnitud y el impacto de la impunidad en Costa Rica.