Editorial

La posibilidad que ha sido puesta en el tapete esta semana de que los diputados trabajen sobre una nueva Ley de Tránsito es positiva.

No está claro si la iniciativa, que aún no tiene suficiente apoyo, surge porque se ha alcanzado plena convicción en torno a la necesidad de dar ese paso, si surge por la presión popular en el sentido de que se legisle con sentido común, o si simplemente se da por alguna sensación de vergüenza que pudiese estar rondando a algunos de los legisladores ante todo el circo del que ha sido objeto el tema.

La razón que haya sido es importante porque de acuerdo con ella los diputados visualizarán el trabajo que tienen por delante; pero, al fin y al cabo, cualquiera que sea, siempre será beneficioso si se alcanza el objetivo de darle al país una nueva Ley de Tránsito.

La Ley vigente fue originalmente el resultado de un largo proceso en la Asamblea Legislativa, pero ya ha sufrido al menos dos modificaciones importantes, y está en proceso una tercera, aparte de pequeñas reformas que pudieron venir como resultado de otras leyes. Y en ese marco, lo que suele ocurrir -lo advertimos en LA PRENSA LIBRE desde hace casi dos años- es que se pierda la perspectiva, se pierda el norte, que la legislación ya no tenga integralidad.

A la fecha, es seguro que ni siquiera los diputados de la anterior legislatura están claros en cuáles son las normas vigentes. De hecho, una vez que se cometió el peor de los errores, en diciembre de 2008, salieron a la venta diversas copias –incluso y paradójicamente una editada por un legislador-, lo cual solo puede inducir al error a los ciudadanos, que no habrán podido entender cuál es la normativa aplicable.

Además, el hecho de que se hicieran ajustes adicionales para corregir los errores de correlación entre las conductas sancionadas y las penalizaciones llevó a que, de nuevo, el cuadro no estuviera claro para nadie.

Y, a propósito, todo esto aparte de darle sustento a la urgencia de elaborar una nueva ley, es sin duda argumento suficiente para advertir otra situación: una Ley de Tránsito no puede ser tan excesivamente reglamentista como la que tiene este país.

Pareciera que también hay diputados que lo comienzan a entender. Y ojalá que ganen la batalla que se requiere para avanzar en la dirección correcta. No se trata de dejar por fuera de cualquier regulación normas que hoy existen, se trata, más bien, de ubicar en el contexto correcto lo que corresponde. De manera que la Ley contenga un marco general con las obligaciones de cada quien. Y a la par de ello, que se elaboren los reglamentos necesarios que establezcan, por ejemplo, los montos de las sanciones.

Si se introduce un mecanismo para hacer esto, entonces no sería necesario ir al Congreso cada vez que a alguna autoridad del Ejecutivo se le ocurra que debe actualizarse el monto de las multas.

Si se aprecia con cuidado, se entenderá que el costo de tener tanto tiempo en la Asamblea Legislativa este tema, no se justifica. Es cierto que ha habido lentitud de los diputados a través de los años, y que cuando legislaron, indudablemente lo hicieron mal, pero esto no implica que desde el inicio no se haya incurrido en costos excesivos para alcanzar el nivel de reformas del que se ha estado hablando.

En realidad, un tema como este casi que solo debería ir a la Asamblea Legislativa para reformas integrales, como la que ahora se planea. Y, finalmente, otro elemento: el Ejecutivo debe convocar el proyecto para el primer período de sesiones extraordinarias, en agosto, de manera que la Comisión pueda mantener abierta la discusión.

Esa será la única forma de avanzar sin dilación. Y de todas maneras, la realidad es que los diputados que integran ese órgano no tienen, de momento, algo mejor que hacer, conforme con la agenda que hay por delante.

Es de esperar que se sumen a la iniciativa de construir una nueva legislación más diputados, de manera que, de una vez por todas, se puedan corregir tantos errores de bulto cometidos en los diferentes procesos. Y es de esperar que el Ejecutivo entienda la conveniencia y la necesidad de resolver el tema de una vez, de manera que convoque el proyecto en cuestión y no paralice la discusión que ya se ha abierto. Y por último, es necesario que el Presidente de la Asamblea Legislativa permita un plazo razonable a la Comisión, de manera que pueda hacer el trabajo.

De nada vale una nueva reforma si no soluciona nada.