Se ha desatado en los últimos días una nueva disputa política a lo interno de la Asamblea Legislativa alrededor de la legislación en materia de tránsito. Y esto no es conveniente para el país.

El tema debe ser abordado por los diputados con la más absoluta seriedad, dada la importancia que tiene, y de frente a los errores que en el pasado reciente se cometieron por parte del grupo de diputados que hace menos de tres meses terminó su gestión.

El país requiere soluciones frente a una serie de problemas que se presentan a diario en las carreteras y que finalmente contribuyen de manera sustancial a elevar el número de víctimas mortales que se derivan de los accidentes de tránsito, sin olvidar las distintas formas de minusvalía con que hoy viven miles de costarricenses por esa misma causa.

Ese marco referencial es el que debe guiar la acción de los legisladores, para garantizar una clara comprensión del problema que tienen entre manos. Eso de seguir haciendo reformas en función del tiempo que se puede llevar el trámite en la Asamblea es una práctica que debe quedar desterrada de una buena vez.

El país requiere una reforma integral a la Ley de Tránsito. Para decirlo de manera más directa, requiere una nueva Ley de Tránsito, porque a la actual se le han hecho tantos remiendos y de maneras tan absurdas, que hoy no tiene sentido de conjunto o de integralidad.

Y para lograr ese objetivo, los diputados, desde cada fracción, deben ponerse de acuerdo, primero que todo, sobre qué concepto de legislación quieren. A partir de esa definición podrán tratar de encontrar acuerdos y establecer alianzas que faciliten el proceso de discusión y la ulterior aprobación de la nueva ley.

En ese sentido, es oportuno señalar que el tema exige ser abordado con una visión amplia. Lo primero es que en nuestro país hay una fuerte tendencia a evadir las leyes. Eso ha llevado a que cada día sean más los conductores que ignoran las reglas de tránsito y la señalización. Pero, al mismo tiempo, tenemos autoridades que muestran un absoluto desprecio por el asunto, al no desarrollar de manera oportuna y eficiente su trabajo, pasando de lado ante los incumplimientos.

La nueva legislación, entonces, debe introducir necesariamente sanciones para los conductores que incumplan las leyes, pero, en primer lugar, debe fijar castigos para esas autoridades que cobran un salario para hacer un trabajo que no hacen.

En segundo lugar, se debe entender que no se trata solo de establecer normas, sino de tener una capacidad real para hacerlas cumplir. Esto implica financiar correctamente a la Policía de Tránsito, para que pueda contar con personal y equipo para vigilar las carreteras y el cumplimiento de la ley.

En tercer lugar, es indispensable que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Consejo Nacional de Vialidad se tomen en serio la responsabilidad que tienen de señalizar correctamente las carreteras. La inversión que se haga en esta materia es fundamental para garantizarle a los conductores responsables una mayor seguridad cuando se colocan al volante. No es lo único que influye, pero juega un rol mucho más importante del que aquí se piensa.

Además, para lograr ese objetivo, es urgente que se definan sanciones fuertes para los funcionarios de diferentes rangos que deban tomar las decisiones en esta materia. La señalización de carreteas no se inventó para vender pintura, placas de aluminio u otros accesorios. Se inventó como recuso de protección para los usuarios de las carreteras.

Y ojo que hemos insistido en la necesidad de establecer sanciones fuertes para quienes incumplan con su deber. Porque uno de los mayores problemas en la actualidad es que hay muchas cosas que se deben hacer y no se hacen, pero a nadie se castiga por ello. Y cuando es el escenario, se elabora en la práctica una especie de incentivo por no hacer.

Después de definir todo lo anterior, por fin viene lo otro. Será momento de resolver sobre cuáles castigos aplicar a los diferentes incumplimientos de los conductores.

Este orden es necesario. Nuestros políticos deben entender que el Gobierno -del que son parte según lo define la Constitución Política- no puede seguir promoviendo leyes sin asumir su responsabilidad en la prevención de ciertas situaciones irregulares e inconvenientes para la sociedad.