Editorial

La administración Arias Sánchez inicia hoy su recta final. Terminará, como manda la Constitución Política, el próximo ocho de mayo, pero ya una buena parte de la población piensa en el próximo Gobierno.

Ha sido una administración llena de polémica, especialmente por la defensa a ultranza que hiciera del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que muchos sectores no apoyaban y consideraban que debía replantearse.

Ha sido un período caracterizado por un fuerte tono en la crítica por parte de quienes adversan al mandatario, y de una defensa cerrada de parte de quienes le apoyan.

No parece lo conveniente para el país, porque esa práctica conlleva necesariamente una ausencia de objetividad en los análisis, por parte de los dos sectores. De hecho, los grupos que adversan al Gobierno no han podido encontrar acciones dignas de reconocimiento, y casi advierten algún tipo de negociado personal en cualquier gestión que realice el presidente Arias o alguno de sus más cercanos colaboradores.

Es una tendencia peligrosa, porque puede terminar afectando la imagen del país cuando en realidad lo que se argumenta es en contra de una persona y su equipo.

Pero, al margen de eso, ahora toca dejar a Arias terminar su gestión, y replantear las cosas de cada a lo que viene a partir de mayo.

El nuevo Gobierno requerirá del apoyo de todos los sectores políticos y sociales, y no es oportuno negarse a ello. Después de todo, una mala gestión lo será igual para todos, y un buen trabajo también lo será para todos.

El sistema electoral costarricense tiene un grado de madurez que se desearían en cualquier otro país del mundo. Pero desgraciadamente, nuestros políticos se han quedado cortos en el nivel de concientización alrededor de este tema, y muchas veces pierden de vista las implicaciones que sus acciones tiene para el país.

No debería ser tan complejo entender que Costa Rica requiere definir posiciones de país en

varios campos, a fin de salir de problemas que se han vuelto recurrentes a falta de una acción clara.

En materia de infraestructura pública, es urgente definir prioridades y no girar en otras direcciones hasta completarlas. El sistema educativo estatal requiere de una amplia revisión, porque desde hace ya muchos años no se retoca, y a veces se vive de rentas pasadas. Esto disminuye la calidad de la enseñanza que reciben los niños y jóvenes de nuestro país.

Los altos niveles de delincuencia exigen ya desde hace mucho tiempo una acción coordinada de los entes estatales, a fin de recuperar la paz y la tranquilidad.

Y el sistema de seguridad social sigue allí porque oportunamente se creó. Pero no se le ha dado un seguimiento prudente, para corregir las debilidades que con el paso del tiempo se han venido presentando.

De no darse un giro sustancial, cada vez quedará menos de lo bueno que se hizo en el pasado por este país.

Después de las elecciones de ayer, ahora queda la tarea de asumir responsabilidades claras, y cada uno de los partidos políticos que se presentaron a la contiende debe aportar su cuota.

El trabajo en la Asamblea Legislativa debe estar orientado por la eficiencia en la búsqueda de soluciones frente a los más viejos problemas que enfrenta la sociedad costarricense.

No es aceptable que dentro de cuatro años se esté hablando de combatir la pobreza, de abrir oportunidades para la superación de los sectores más vulnerables, o de llevar a cabo programas de desarrollo que siguen en el tapete solo porque no ha habido voluntad para ejecutarlos.

Este país llegó a ser próspero a pesar de muchas carencias, porque en su momento se asumió la responsabilidad de tomar decisiones. Ahora, hay que retomar esa senda, y entrarle a definiciones que esperan desde hace ya muchos años, pero que por cálculo político no se han dado.

Si todos los sectores políticos entienden su rol en la dimensión correcta, la próxima administración podrá encontrar mejores escenarios de trabajo. Debe ser, sí, un cuadro de cooperación en función de los mejores intereses del país.

“No es aceptable que dentro de cuatro años se esté hablando de combatir la pobreza, de abrir oportunidades para la superación de los sectores más vulnerables, o de llevar a cabo programas de desarrollo que siguen en el tapete solo porque no ha habido voluntad para ejecutarlos”