Los Estados centroamericanos se encuentran muy lejos de respetar las normas laborales que ellos mismos firmaron en acuerdos internacionales.

La Campaña Regional Contra la Flexibilidad Laboral (coordinada desde ASEPROLA hace 5 años) obtuvo una audiencia para el 6 de noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, con el objetivo de denunciar la sistemática violación a los Derechos Laborales en Centroamérica causadas por las políticas de flexibilidad laboral que impulsan los Estados y sectores empresariales.

Somos  de más de 70 organizaciones sindicales,  ONGs, movimientos de mujeres, centros de investigación- acción y otras vinculadas al tema laboral, y  articular estrategias regionales para enfrentar la flexibilidad laboral, donde se denuncian a las empresas que aplican medidas violatorias de los derechos humanos laborales y presionar a los Estados para que respondan de forma eficiente a las demandas de las personas trabajadoras.

La razón por la cual la Campaña Regional creyó oportuno acudir ante la CIDH es simple: los derechos laborales también son derechos humanos.

Es preocupante que durante mucho tiempo se haya sostenido ?en diversos foros, análisis y opiniones?  que la situación de los derechos laborales en la región centroamericana es cada vez más precaria.  En el informe que será presentado al CIDH  se reafirma  casos donde  se alude a las limitadas   posibilidades del sector trabajador frente a los intereses del capital representados en el sector patronal. Son experiencias conocidas, sobre todo a través de los medios de comunicación, denuncias de organizaciones de la sociedad civil o quizá por testimonios de personas, que corroboran  graves hechos  como la evasión de pagos de seguridad social, las excesivas jornadas laborales, hostigamientos y discriminaciones por actividad sindical, incluso atentados a la vida e integridad personal de líderes y lideresas sindicales.

El Protocolo de San Salvador establece – por ejemplo - que los Estados tienen que garantizar en sus legislaciones nacionales la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diaria como semanal. Constitucionalmente todos los países  lo establecen, pero sin embargo es en la praxis, donde las jornadas son mayores que las establecidas. Basta con advertir que, aproximadamente el 32 % de la  población ocupada en la región trabaja sobrejornadas de 49 horas o más a la semana, esta cifra esta por encima del promedio mundial, que según la OIT es el 22 %.

Hay países como Costa Rica que en lugar de salvaguardar ese derecho más bien  su Gobierno busca  legalizarlo en contrapelo al Código de Trabajo y la Constitución de la República. Se supone que  los Estados están comprometidos con la no regresividad en materia de derechos humanos y al cual esta Campaña busca que sean reconocidos  varios de los derechos laborales fundamentales.

Para la campaña y para ASEPROLA que la CIDH atienda nuestro tema es una buena señal para que los Estados asuman también el llamado de las organizaciones de la Campaña en cada país, de una forma respetuosa y seria.

* Director Ejecutivo de ASEPROLA