Desde el principio el cartel de licitación fue diseñado de tal manera que no es de extrañar que hubiese oferente único el martes 17 de agosto. Lo peor es que el cartel se fue mejorando en varias etapas para aumentarle los beneficios al concesionario. Las cifras de crecimiento de volumen de comercio usadas en el modelo para el cartel son totalmente irreales. Proyectan un crecimiento en la exportación de banano que es inexistente y en piña donde ya estamos prácticamente en tope de producción, para crear urgencia de lo innecesario. La concesión multiplicará las tarifas portuarias por un factor de dos a cuatro, según la carga. Para el banano la tarifa por caja subirá un 400%. Tales tarifas destruyen la competitividad del sector exportador, especialmente agrícola.

Para impulsar la concesión Oscar Arias nos dijo que los costos de Puerto Limón eran demasiado altos; ahora los quieren multiplicar en un monopolio privado; nos dijeron que los costos del personal sindicalizado es demasiado alto, pero usan esos mismos costos en el modelo financiero de la concesión. Aun con toda esta inflación de costos, el Estado costarricense le garantiza la rentabilidad al concesionario. ¡Gato encerrado es poco!

La gran cantidad de alcaldías mal administradas ha generado que los dineros provenientes de los contribuyentes se utilicen para fines ajenos a su destino y contrario a utilizarse para el bien y el desarrollo de la comunidad se usen para arreglar “metidas de escarpines y de manos” de algunos altos funcionarios municipales. Y si por la víspera se saca el día, el panorama es poco alentador. La lista de municipios con deficiencias en materia administrativa y denuncias penales aumenta de forma vertiginosa e impresionante. Citemos solamente algunos de los casos: El primero de ellos la Municipalidad de Garabito, la cual ya suma 12 causas penales en su contra.

Aunado a lo anterior, el alcalde del lugar tiene dentro de su equipo de trabajo un ex fiscal de las oficinas judiciales de Garabito, quién es el asesor legal de confianza del funcionario y el cual cobra sumas millonarias al municipio por asesorar al alcalde en causas tales como: desobediencia, infracción al código de minería, incumplimiento de deberes, tres denuncias por prevaricato, infracción a la Ley Zona Marítimo Terrestre, entre otras. O sea que fondos públicos del Estado y de todos los contribuyentes se utilizan para defender las “metidas de pata” del alcalde y  como consecuencia se aprueba  dentro del presupuesto municipal la suma de ¢52 millones para asesoría legal. Por otra parte, gracias a la mala administración del órgano municipal hemos podido constatar que el Gobierno Local de Garabito aumentó a ¢763 millones la suma de morosidad pasando de ¢517 millones en el año de entrada del Alcalde a ¢1.280 millones al día de hoy, un total desastre!